Por: Troi Orlando Espejo
SANTO DOMINGO. – El senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, defendió la aprobación del proyecto de ley que busca regularizar el sector de los juegos de azar en la República Dominicana, asegurando que la iniciativa pondrá fin al desorden normativo y a la ilegalidad que han prevalecido durante décadas.
Genao destacó que la pieza legislativa, impulsada originalmente por los senadores Félix Bautista y Pedro Catrain, responde a la realidad de más de 76,000 bancas de apuestas que actualmente operan al margen de la ley. Indicó que la normativa permitirá formalizar estos establecimientos para integrarlos al régimen fiscal del Estado.
El legislador explicó que la iniciativa fue debatida exhaustivamente en la Comisión de Hacienda con la participación del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Lotería Nacional y el comisionado especial Teófilo «Quico» Tabar.
Protección social, distancias y sanciones penales
El representante de La Vega desmintió los señalamientos del informe disidente y aclaró que la ley mantiene la prohibición de instalar bancas a menos de 500 metros de escuelas, hospitales y oficinas públicas. Asimismo, eleva a rango de ley la separación entre bancas de lotería (200 metros) y entre bancas deportivas o hípicas (500 metros).
Entre los aspectos más relevantes, subrayó la imposición de una moratoria de 10 años que prohíbe la apertura de nuevas bancas y casinos, la aplicación de sanciones penales que incluyen penas de prisión para los infractores, y la creación de mecanismos de protección al usuario, como fondos para tratar la ludopatía, un registro de autoexclusión de jugadores y controles estrictos sobre los programas informáticos de apuestas.
«El proyecto de ley busca dar respuesta a una realidad innegable en la República Dominicana: la existencia de juegos de azar sin ningún tipo de control, amparados en un régimen legal obsoleto y caduco de hace décadas, donde impera la ilegalidad. En la actualidad, el plan de regularización ha identificado 76,000 bancas que operan de manera ilegal. Con esta ley, dichas bancas se regularizarán y comenzarán a aportar beneficios fiscales al Estado».
El senador instó al pleno senatorial a rechazar el informe disidente por considerar que perpetúa el caos en el sector, y solicitó la aprobación del informe favorable emitido por la Comisión de Hacienda.
