«Mientras se prometen empleos e inversión, comunidades y legisladores cuestionan si la minería deja desarrollo o repite un patrón de riqueza concentrada y daño ambiental».
San Juan de la Maguana. — La posible explotación minera del denominado Proyecto Romero ha reavivado el debate nacional sobre el modelo de desarrollo en la República Dominicana. Ubicado en la Cordillera Central, este proyecto, impulsado por la empresa canadiense GoldQuest, plantea la extracción de oro, cobre y plata mediante minería subterránea. Sin embargo, más allá de las promesas económicas, crece el rechazo en sectores de la sociedad que cuestionan tanto sus beneficios reales como sus posibles impactos ambientales.
El proyecto se encuentra actualmente en fase de estudios ambientales y aún no cuenta con autorización de explotación. Aun así, su sola posibilidad ha generado una discusión que trasciende lo técnico y se instala en lo social, lo político y lo territorial.
Promesas de inversión frente a dudas históricas
Según datos presentados por la empresa, el Proyecto Romero podría generar miles de empleos directos e indirectos, dinamizar la economía local y aumentar los ingresos del Estado. La propuesta se sustenta en un modelo de minería subterránea que, aseguran, reduciría el impacto ambiental y evitaría daños visibles en la superficie.
No obstante, en comunidades de la provincia persiste un escepticismo marcado. La experiencia de otras zonas mineras del país ha dejado una percepción de desigualdad en la distribución de beneficios, donde las riquezas extraídas no siempre se traducen en mejoras tangibles para la población local.
El agua como eje del conflicto
Uno de los principales puntos de preocupación gira en torno al impacto sobre los recursos hídricos. La zona tiene alta biodiversidad con más de190 especies y varias protegidas, San Juan es una de las zonas agrícolas más importantes del país. Si el suelo o el agua se dañan, el impacto es irreversible a largo plazo, ya que, está vinculada a importantes sistemas de agua que sostienen la producción agrícola de gran parte del sur del país.
Especial atención recibe la cercanía con cuencas que alimentan ríos clave para la región, lo que ha llevado a organizaciones sociales y ambientales a advertir sobre posibles riesgos a largo plazo. En este contexto, el debate deja de ser únicamente económico y adquiere una dimensión de seguridad ambiental.
Cuestionamientos a la transparencia
Diversas voces han señalado la necesidad de mayor claridad en torno al proyecto. La falta de información accesible y de espacios de diálogo efectivo con las comunidades ha sido uno de los reclamos más recurrentes.
En ese sentido, sectores políticos han insistido en que iniciativas de esta magnitud deben ser ampliamente discutidas y explicadas antes de cualquier aprobación. También se ha planteado la necesidad de establecer compromisos verificables que garanticen beneficios concretos para la población y mecanismos de responsabilidad ante posibles daños.
Contratos y decisiones bajo la lupa
El debate también revive cuestionamientos históricos sobre la forma en que el Estado negocia sus recursos.
El contrato inicial de la mina de Cotuí, firmado durante el gobierno de Leonel Fernández, fue duramente criticado por otorgar una participación mínima al país en los beneficios generados. Posteriormente, en 2013, la administración de Danilo Medina renegoció el acuerdo, aumentando significativamente los ingresos estatales.
Aun así, persiste una inquietud central:
¿cómo se toman estas decisiones y qué nivel de participación tiene la ciudadanía?
Infraestructura y desarrollo: una deuda pendiente
El debate sobre el Proyecto Romero también ha puesto en evidencia problemáticas estructurales de la región sur, como la falta de conectividad vial y de servicios básicos. Para algunos actores, resulta contradictorio hablar de desarrollo minero sin haber resuelto previamente estas limitaciones.
La discusión, por tanto, no se limita a la viabilidad de una mina, sino que cuestiona el enfoque general de desarrollo territorial y la prioridad que se da a ciertas inversiones frente a otras necesidades históricas.
El precedente que marca el debate
La explotación minera en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, operada por Barrick Gold, se ha convertido en referencia obligada.
Si bien ha generado ingresos significativos para el Estado, también ha estado rodeada de denuncias por contaminación de fuentes de agua, afectaciones a comunidades y beneficios limitados a nivel local.
Ese antecedente pesa hoy sobre San Juan y alimenta una pregunta clave:
¿vale la pena el costo ambiental frente al beneficio económico?
Un modelo económico en cuestionamiento
Las cifras oficiales reflejan un contraste importante:
- La minería aporta entre 1% y 2% del PIB
- La agricultura representa entre 5% y 6%
- El turismo supera el 15% del PIB de forma directa e indirecta
En ese contexto, sectores críticos cuestionan la lógica de apostar por una actividad extractiva de alto impacto cuando existen otras áreas más sostenibles, generadoras de empleo y de mayor peso económico. ¿por qué no mejor invertir más en el desarrollo de la agricultura? cuando los resultados inclusive a corto plazo son mucho mas prometedores.
- La agricultura genera más empleo real
- El turismo mueve más dinero en cadena
- Ambos son más sostenibles si se manejan bien
Y no es tener la idea simplsta de que la mineria es menos importante. Decir “mejor eliminamos la minería” tampoco es tan práctico, porque:
- El país perdería una fuente importante de divisas
- Se frenaría inversión extranjera
- Puede afectar estabilidad macroeconómica
En vez de elegir una u otra el debate siempre ha sido que si el país va a explotar mineria, debe hacerlo solo sí; no compromete el agua ni la agricultura, que deje beneficios reales y verificables ampliamente por la sociedad, que haya total transparencia en el proceso, que se garantice el desarrollo tangible a corto plazo de las comunidades que convergen entorno al proyecto y la indiscutible participación de la comunidad.
Al mismo tiempo no descuidar los sectores que realmente sostienen al país como la agricultura y el turismo que son pilares claves de nuestra economía.
Voces desde el Congreso
Las críticas no solo provienen de comunidades y sectores sociales. Desde el propio Senado se han levantado cuestionamientos.
El senador por Sánchez Ramírez, Antonio Marte, expresó:
“Aquí no podemos seguir repitiendo la misma historia: vienen, se llevan los recursos y la provincia se queda sin nada.”
Y agregó:
“Usted no puede ir a la casa de una persona, desbaratarle su casa, contaminarle su entorno, llevarse millones… y dejarle pobreza. Eso no es desarrollo.”
También señaló lo que considera una contradicción en la gestión estatal:
“Para hacer una carretera todo es difícil, pero para una minera todo es rápido. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando?”
Una decisión de país
A medida que avanzan los estudios ambientales y crece la presión social, la República Dominicana enfrenta una decisión compleja.
De un lado, la promesa de ingresos y crecimiento a corto plazo.
Del otro, el riesgo de impactos ambientales y sociales de largo alcance.
En el fondo, la pregunta sigue abierta:
¿Debe el país apostar por la explotación de recursos no renovables o fortalecer sectores como la agricultura y el turismo, que generan mayor riqueza sostenida?
Un debate abierto
Mientras avanzan los estudios ambientales y se multiplican las posiciones a favor y en contra, el país se enfrenta a una decisión compleja. La posibilidad de explotar recursos minerales de alto valor económico contrasta con el temor de impactos irreversibles en el medio ambiente y en las comunidades.
En medio de este escenario, una idea se repite con fuerza en distintos sectores: sin transparencia, sin participación ciudadana y sin garantías claras, cualquier proyecto de esta naturaleza enfrentará resistencia social.
El futuro del Proyecto Romero, más allá de sus cifras y promesas, dependerá en gran medida de la confianza que logre generar en la población.
Por: Jessanin Frías
