Apagones recurrentes, tarifas en aumento y un subsidio estatal millonario evidencian las debilidades estructurales del sistema eléctrico dominicano.
República Dominicana. — En lo que va de año, el sistema eléctrico dominicano ha vuelto a colocarse en el centro del debate nacional. Apagones masivos, facturas elevadas y un creciente subsidio estatal han reavivado cuestionamientos sobre la eficiencia, sostenibilidad y transparencia del sector energético.
Lejos de ser un problema coyuntural, expertos coinciden en que se trata de una crisis estructural que arrastra décadas sin una solución definitiva.
Apagones: fallas que evidencian fragilidad
El 23 de febrero de 2026, un apagón general dejó a millones de dominicanos sin electricidad tras una falla en la central termoeléctrica Punta Catalina. El sistema colapsó en cuestión de minutos, evidenciando la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Este evento no fue aislado. Diversos sectores han advertido que los apagones responden a debilidades estructurales en:
- mantenimiento de plantas
- planificación energética
- capacidad de respuesta del sistema
Según análisis recientes, estos incidentes reflejan fallos técnicos, financieros y administrativos acumulados.
El costo de la energía: entre tarifas altas y subsidios crecientes
Uno de los aspectos más contradictorios del sistema es su costo.
Por un lado, los ciudadanos denuncian:
- facturas con montos elevados
- cobros inconsistentes
- aumentos sin explicación clara
Por otro lado, el Estado continúa absorbiendo pérdidas masivas.
En 2025, el subsidio eléctrico alcanzó aproximadamente 1.3% y 1.6% del PIB, según distintas fuentes oficiales y estimaciones, superando incluso la inversión pública en áreas clave.
Esto equivale a cerca de 1,800 millones de dólares anuales, una carga significativa para las finanzas públicas.
Pérdidas y distribución: el verdadero talón de Aquiles
Aunque la generación ha aumentado en los últimos años, el problema principal sigue estando en la distribución.
Las empresas estatales:
- EdeNorte
- EdeSur
- EdeEste
presentan altos niveles de pérdidas técnicas y comerciales.
En algunos casos, las pérdidas han superado el 40% de la energía distribuida, debido a:
- conexiones ilegales
- deficiencias operativas
- y supuestas exoneraciones a grandes empresarios
Esto genera un círculo vicioso:
más pérdidas → más subsidio → tarifas más altas → más informalidad
El rol de las instituciones
El sistema eléctrico dominicano está dividido entre múltiples entidades:
- Ministerio de Energía y Minas: define políticas energéticas
- Comisión Nacional de Energía: planificación estratégica
- Superintendencia de Electricidad: regulación y tarifas
- EDEs: distribución y cobro
Aunque este modelo busca equilibrio, en la práctica ha sido criticado por:
- falta de coordinación
- debilidad en la supervisión
- lentitud en la ejecución de soluciones
Infraestructura y mantenimiento: una deuda histórica
El sistema eléctrico arrastra problemas desde hace décadas:
- redes de transmisión débiles y sobrecargadas
- inversión insuficiente en mantenimiento
- dependencia de combustibles fósiles
Aunque se han realizado inversiones en generación, el sistema sigue siendo vulnerable a fallos en cadena, como el ocurrido en febrero.
Una crisis estructural, no coyuntural
El sector eléctrico dominicano ha sido históricamente un “cuello de botella” para el desarrollo económico del país.
El modelo actual combina:
- altos costos
- subsidios elevados
- servicio inestable
- desconfianza ciudadana
Esto no solo afecta a los hogares, sino también a:
- industrias
- comercios
- inversión extranjera
Facturas, indignación y percepción social
Uno de los detonantes más visibles de la crisis es el descontento ciudadano.
Usuarios denuncian:
- aumentos abruptos en facturación
- montos que no corresponden al consumo
- falta de respuesta efectiva ante reclamos
Este fenómeno ha alimentado una percepción de abuso y falta de transparencia en el sistema, sobre todo porque los usuarios denuncian que la institución encargada de velar por sus derechos -Oficina de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Electricidad (SIE), PROTECOM- en más del 90% de los reclamos dice estar a favor de las distribuidoras de energía y no de los consumidores, alegando que se debe al alto consumo por una ola de calor en el país que al parecer, increíblemente se extiende a las cuatro estaciones del año, ya que, las facturas de alto consumo siguen siendo atemporales en todo el el país, incluyendo lugares más fríos y remotos como Constanza y Jarabacoa que mantienen un clima bastante agradable.
¿Qué está fallando realmente?
El problema no es solo técnico. Es sistémico:
- modelo de subsidio mal focalizado
- pérdidas elevadas en distribución
- falta de inversión eficiente
- débil regulación efectiva
Oportunidades de mejora
Expertos coinciden en que la solución pasa por reformas profundas:
- reducción de pérdidas eléctricas
- modernización de redes
- medición inteligente
- fortalecimiento institucional
- transparencia en tarifas
- transición hacia energías renovables
Medición inteligente: el eslabón pendiente del sistema eléctrico
Uno de los puntos más cuestionados por los usuarios del servicio eléctrico es el sistema de medición del consumo. En gran parte del país, la lectura de los medidores continúa realizándose de forma manual, a través de personal que visita los hogares y registra el consumo para luego generar la facturación.
Este modelo, además de ser obsoleto frente a estándares internacionales, abre la puerta a dudas legítimas:
¿quién garantiza que las mediciones sean exactas? ¿Qué mecanismos existen para verificar que las tarifas reflejan realmente el consumo?
Las quejas por facturas elevadas o inconsistentes han sido recurrentes, y en muchos casos, los usuarios no cuentan con herramientas claras para auditar o validar los montos cobrados.
Tecnología disponible, implementación pendiente
En un contexto donde la digitalización avanza en múltiples sectores, la ausencia de un sistema de medición inteligente a nivel nacional resulta llamativa.
Los llamados medidores inteligentes permiten:
- Lectura automática y remota del consumo
- Registro en tiempo real
- Eliminación de la intervención humana directa
- Mayor transparencia en la facturación
- Detección más eficiente de pérdidas y fraudes
A pesar de estos beneficios, su implementación en el país ha sido limitada y desigual, lo que mantiene vigente un modelo vulnerable a errores, desconfianza y conflictos entre usuarios y distribuidoras.
El sistema prepago: una alternativa aún restringida
Dentro del sistema actual, el modelo que más se acerca a una medición moderna es el servicio prepago, que ya opera en algunas zonas del país.
Este sistema se basa en:
- Consumo controlado por el usuario
- Pago anticipado de la energía
- Medición digital automática
- Monitoreo en tiempo real
A diferencia del modelo tradicional, el prepago elimina la estimación del consumo y reduce significativamente las disputas por facturación, ya que el usuario solo consume lo que previamente ha pagado.
Sin embargo, su disponibilidad sigue siendo limitada y no se ofrece como una opción universal para todos los usuarios del sistema eléctrico nacional.
Una modernización que no llega
La falta de expansión de tecnologías como la medición inteligente y el sistema prepago plantea una interrogante clave:
¿por qué el sistema eléctrico dominicano aún no da el salto hacia un modelo digital, transparente y verificable?
Mientras persistan esquemas manuales, la desconfianza en la facturación continuará siendo un factor de tensión entre usuarios y distribuidoras, afectando no solo la percepción del servicio, sino también la eficiencia del sistema en su conjunto.
Después de décadas de inversión, subsidios y reformas, a la par surge otra interrogante:
¿Por qué el país sigue pagando más por un servicio que no logra ser estable ni eficiente?
La crisis eléctrica en República Dominicana no es nueva, pero sí cada vez más evidente.
Entre apagones, tarifas altas y subsidios millonarios, el sistema parece atrapado en un modelo que no logra equilibrar eficiencia, sostenibilidad y equidad. Lo peor de todo es que arrastra otros sectores a su inestabilidad operacional, como es el caso del Programa de Movilidad Urbana Sostenible en República Dominicana (PMUS-RD), que comprende el Metro y el teleférico de Santo Domingo, y recientemente el Monoriel y el teleférico de Santiago, entre otros servicios del transporte público.
Sin una reforma estructural real, el riesgo es claro: seguir pagando más por un servicio que no mejora.
Por: Jessanin Frías
