El senador por San Juan sostiene que dotar al país de un marco legal vinculante contra la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso permitiría negociar con Estados Unidos la reducción del arancel adicional de 12.5 % a 10 %. Según sus estimaciones, cerrar esa brecha podría representar ahorros de hasta US$182 millones anuales para el sector exportador dominicano.
Santo Domingo, D. N. — El senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, sometió ante el Senado de la República un proyecto de Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Mercancías y Bienes Producidos Mediante Trabajo Forzoso, con el propósito de fortalecer el marco jurídico dominicano y crear las condiciones para negociar con Estados Unidos una reducción del arancel adicional aplicado a productos dominicanos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Bautista plantea que, de lograr que la República Dominicana pase de la tasa actual de 12.5 % al 10 %, nivel aplicado a economías como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia, el sector exportador dominicano podría ahorrar entre US$127 millones y US$182 millones al año, equivalentes, en el escenario máximo, a unos RD$10,920 millones.
El legislador advirtió que el diferencial de 2.5 puntos porcentuales coloca a importantes sectores productivos dominicanos en desventaja frente a competidores que exportan hacia el mercado estadounidense bajo una tasa menor.
Entre las actividades potencialmente afectadas citó la fabricación de dispositivos médicos y farmacéuticos, tabaco y sus derivados, agroindustria, bebidas alcohólicas, plásticos y calzado, además de servicios vinculados al régimen de zonas francas.
Bautista puso como ejemplo el sector de dispositivos médicos y farmacéuticos, en el que operan unas 40 empresas de zonas francas. Según los datos presentados por el senador, estas compañías destinaron en 2025 alrededor del 72.2 % de su producción al mercado estadounidense.
A su juicio, mientras productores establecidos en México pueden ingresar sus mercancías a Estados Unidos bajo una tasa de 10 %, las exportaciones dominicanas enfrentan un 12.5 %, lo que podría reducir su competitividad y generar incentivos para que determinadas operaciones sean trasladadas hacia jurisdicciones con menores costos arancelarios.
“El diferencial de 2.5 puntos porcentuales que hoy paga la República Dominicana frente a países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia no es un castigo permanente: es una condición que se revierte con la aprobación de un instrumento legal claro”, afirmó Bautista.
El senador sostuvo que la aprobación de la iniciativa permitiría al Gobierno dominicano plantear, dentro de las negociaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, la eliminación de esos 2.5 puntos porcentuales.
Asimismo, solicitó al presidente Luis Abinader, en su condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), impulsar entre los legisladores de esa organización la aprobación de la pieza en el menor tiempo posible.
El proyecto
La propuesta legislativa establece la prohibición de importar al territorio dominicano mercancías producidas, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso y dispone mecanismos para garantizar la trazabilidad de las cadenas de suministro.
La Dirección General de Aduanas (DGA) tendría a su cargo la tramitación de los procedimientos y las decisiones sobre prohibiciones, mientras que el Ministerio de Trabajo actuaría como autoridad técnica encargada de determinar la existencia de indicios o evidencias de trabajo forzoso.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto contempla:
- Una declaración jurada del importador en la Declaración Única Aduanera sobre el conocimiento razonable de posibles prácticas de trabajo forzoso vinculadas a las mercancías importadas.
- Procedimientos administrativos con plazos definidos para las investigaciones y decisiones.
- Retención temporal de mercancías durante el proceso de investigación.
- La creación de un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso, accesible en línea.
- Mecanismos para levantar una prohibición cuando se demuestre el cese del trabajo forzoso, la reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
- Multas de entre 5 y 100 salarios mínimos del sector público por declaraciones falsas y, en los casos más graves, suspensión del registro de importador por períodos de seis meses a dos años.
- Obligaciones reforzadas de debida diligencia y trazabilidad para exportadores dominicanos de sectores considerados de riesgo.
La iniciativa también propone derogar, una vez entre en vigor su reglamento, el Decreto núm. 502-26, del 23 de julio de 2026, que estableció un procedimiento administrativo transitorio para impedir la importación de mercancías vinculadas al trabajo forzoso.
Bautista considera que el decreto constituye un avance, pero entiende que un instrumento administrativo no ofrece por sí solo el nivel de solidez jurídica requerido para demostrar la “adopción y aplicación eficaz” de una prohibición de este tipo.
Impacto sobre las exportaciones
Según los datos incorporados al análisis presentado por el legislador, las exportaciones dominicanas alcanzaron US$14,645 millones en 2025, con un crecimiento interanual de 13.4 %, mientras que Estados Unidos recibe aproximadamente entre el 52.5 % y el 53.5 % de las exportaciones nacionales.
Las zonas francas tienen un peso particular dentro de esta relación comercial. En 2024 exportaron US$8,425.9 millones, de los cuales US$6,117.2 millones, equivalentes al 72.6 %, tuvieron como destino Estados Unidos.
El sector registraba además 196,709 empleos formales directos a febrero de 2026, con una participación femenina del 54 %, de acuerdo con las cifras citadas en la propuesta.
Bautista destacó también que 253 de las 843 empresas de zonas francas registradas al cierre de 2024 eran de capital estadounidense, equivalentes al 30 % del total, por lo que argumenta que el incremento arancelario también afecta inversiones de empresas norteamericanas instaladas en territorio dominicano.
Seguimiento legislativo
El senador anunció que dará seguimiento al proyecto tanto en las comisiones del Senado como, posteriormente, en la Cámara de Diputados.
También informó que procurará encuentros con representantes del sector exportador, empresas de zonas francas y organismos del Poder Ejecutivo vinculados al comercio y las relaciones laborales, entre ellos la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El objetivo, explicó, es lograr que la República Dominicana cuente con un marco legal que le permita fortalecer su posición negociadora frente a Estados Unidos y aspirar a la misma tasa arancelaria de 10 % aplicada a otros socios comerciales con mecanismos reconocidos contra la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
