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Diputados por Santo Domingo Norte solicitan investigación a licitación para alquiler de camiones de basura por 114 millones de pesos

Los legisladores Carlos Pérez y Eudy Maldonado solicitaron a la Dirección General de Contrataciones Públicas investigar el proceso mediante el cual el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte pretende alquilar camiones recolectores de basura por RD$114.5 millones durante tres meses, al cuestionar la legalidad del procedimiento de excepción y el incremento en los costos del servicio.

Santo Domingo.- Los diputados por el municipio Santo Domingo Norte, Carlos Pérez y Eudy Maldonado depositaron ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución mediante el cual solicitan a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la revisión e investigación del procedimiento de excepción iniciado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte para el alquiler de camiones recolectores de desechos sólidos por un monto de RD$114,500,000.00.

Los legisladores expresaron su preocupación por las serias interrogantes jurídicas y financieras que rodean este proceso, debido a que la propia administración municipal ha fundamentado sus actuaciones en una situación de urgencia derivada de la crisis de los residuos sólidos, problemática que ya había sido reconocida meses atrás mediante la Resolución No. 10/2026 del Concejo de Regidores de Santo Domingo Norte.

En ese sentido, señalaron que resulta necesario esclarecer si las circunstancias actuales constituyen una situación extraordinaria e imprevisible, como exige la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, o si, por el contrario, se trata de una situación que la administración municipal conocía desde hace meses y que debió ser objeto de planificación y contratación ordinaria.

“Si el municipio fue declarado en estado de urgencia hace meses por la problemática de la basura, corresponde explicar qué medidas se adoptaron durante ese tiempo y por qué se llega nuevamente a un procedimiento de excepción. La ley establece que las excepciones deben ser extraordinarias y debidamente justificadas”, expresaron ambos legisladores.

Asimismo, los diputados manifestaron su preocupación por el monto de la contratación, ascendente a RD$114,500,000.00, destinado únicamente para un período de tres (3) meses.

Esto equivale a un gasto aproximado de RD$38.1 millones mensuales, cifra que representa un incremento superior al 50 por ciento en comparación con los aproximadamente 25 millones mensuales que se destinaban anteriormente para la prestación del servicio de recogida de desechos sólidos en el municipio.

“Estamos hablando de más de ciento catorce millones de pesos por apenas tres meses de alquiler de camiones. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué justifica un aumento tan significativo en el costo del servicio y cuáles son los estudios técnicos, financieros y legales que sustentan esta decisión”, indicaron.

De igual manera, señalaron que la discusión no debe centrarse únicamente en el monto total del proceso, sino en el hecho de que Santo Domingo Norte pasaría de invertir alrededor de RD$25 millones al mes a comprometer más de RD$38 millones mensuales para la prestación del servicio, sin que hasta el momento se hayan ofrecido explicaciones suficientes sobre las razones de dicho incremento.

Los diputados aclararon que su iniciativa no busca obstaculizar la prestación del servicio de recogida de basura, el cual constituye un servicio público esencial para la salud y la calidad de vida de la población, sino garantizar que los recursos públicos sean administrados con transparencia, eficiencia y estricto apego a la ley.

Finalmente, hicieron un llamado a la Dirección General de Contrataciones Públicas para que revise el procedimiento y determine si el mismo cumple con las disposiciones legales aplicables, así como a las autoridades municipales para que ofrezcan todas las explicaciones necesarias a la ciudadanía.

“Defender la transparencia es defender a Santo Domingo Norte. Los recursos del pueblo son sagrados y cada peso invertido debe estar debidamente justificado y sometido al escrutinio de la ley y de la ciudadanía”.

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