El diputado por La Romana denunció públicamente el 17 de septiembre que ciudadanos dominicanos habrían sido engañados con falsas ofertas laborales y posteriormente formalizó el caso ante el presidente Luis Abinader y el canciller Víctor “Ito” Bisonó. El 25 de septiembre, el Gobierno confirmó que investigaba los casos y llevó la preocupación directamente ante Rusia.
Santo Domingo.– El diputado de la Fuerza del Pueblo por la provincia La Romana, Carlos de Pérez, había alertado formalmente al Gobierno dominicano sobre la situación de ciudadanos que presuntamente fueron llevados a Rusia mediante ofertas laborales engañosas, ocho días antes de que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) emitiera una advertencia pública y realizara gestiones diplomáticas ante las autoridades rusas.
El legislador hizo pública la denuncia el 17 de septiembre de 2026, cuando informó que manejaba varios casos documentados, incluidos al menos tres jóvenes de La Romana, y que tenía información sobre un grupo de diez dominicanos que ya se encontraba en Rusia. Según explicó entonces, los afectados habrían sido contactados mediante redes sociales con propuestas para desempeñar trabajos como cocineros, soldadores, mecánicos, pintores y otras labores, pero al llegar a territorio ruso presuntamente les retenían sus documentos y los preparaban para ser enviados al conflicto con Ucrania.
Ese mismo 17 de septiembre, De Pérez remitió una comunicación formal dirigida al presidente Luis Abinader Corona, con copia al ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Orlando “Ito” Bisonó Haza, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, solicitando la intervención urgente de las autoridades dominicanas.
En el documento, cuya recepción consta fechada el 17 de septiembre, el congresista informó haber recibido la denuncia de una ciudadana dominicana que temía por la vida de su prometido. De acuerdo con la información entregada al diputado, el joven habría viajado a Rusia después de recibir una oferta de empleo y los boletos aéreos de quienes lo contrataron, junto a otros dominicanos procedentes de La Romana, San Cristóbal y Haina.
La comunicación advertía que, una vez en la región rusa de Bashkortostán, a los ciudadanos presuntamente les habían retenido sus documentos y limitado sus medios de comunicación. Según la denuncia recibida por De Pérez, uno de los afectados había logrado comunicarse de manera intermitente con sus familiares y afirmaba encontrarse contra su voluntad, sin documentación y sin asistencia consular. El legislador pidió entonces una intervención urgente de las autoridades competentes.
De Pérez había reclamado públicamente, además, que el Gobierno realizara las gestiones diplomáticas necesarias para determinar las condiciones en que se encontraban los dominicanos y evitar que quienes viajaron bajo promesas de empleos ordinarios terminaran participando en el conflicto armado. En sus declaraciones del 17 de septiembre sostuvo que la situación ya debía ser investigada oficialmente.
Ocho días después de aquella denuncia pública y de la comunicación formal, el 25 de septiembre, el MIREX emitió una alerta exhortando a los dominicanos a actuar con cautela frente a ofertas laborales para viajar a Rusia que pudieran terminar vinculándolos con actividades relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania. La Cancillería anunció además que brindaría asistencia consular a los nacionales que se encontraran en situación de vulnerabilidad y realizaría gestiones encaminadas a facilitar su retorno seguro al país.
Ese mismo día, el canciller Víctor “Ito” Bisonó planteó directamente el tema a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión bilateral celebrada en Nueva York en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con la información oficial, Bisonó transmitió la preocupación del Gobierno dominicano por las ofertas laborales dirigidas a ciudadanos del país y su posible vinculación posterior con el conflicto. Lavrov instruyó al área correspondiente de la Cancillería rusa a dar seguimiento al caso, y ambos gobiernos acordaron mantener abierto un canal de comunicación.
También posteriormente, el presidente Luis Abinader confirmó que el Gobierno se encontraba investigando la situación y señaló que los informes preliminares situaban en menos de 20 el número de dominicanos que habrían respondido a este tipo de llamados. El mandatario sostuvo que la intención de las autoridades era advertir a los ciudadanos para que conocieran con claridad qué estaban firmando, hacia dónde viajaban y evitar que fueran engañados.
Para De Pérez, la secuencia de los acontecimientos resulta relevante, debido a que su denuncia pública y la comunicación remitida al Poder Ejecutivo y a la Cancillería fueron previas a las posteriores actuaciones públicas de las autoridades dominicanas sobre el caso. El legislador ha resaltado que llevó formalmente la situación a conocimiento del Gobierno desde el 17 de septiembre, acompañando su comunicación con información suministrada por familiares de los afectados.
La cantidad definitiva de dominicanos involucrados y las circunstancias particulares de cada caso continúan bajo investigación. De manera separada, organizaciones de derechos humanos también habían reportado posibles casos adicionales, por lo que las cifras divulgadas hasta el momento no deben considerarse definitivas.
Hispaniola News pudo verificar que la denuncia pública de Carlos de Pérez y su comunicación formal están fechadas el 17 de septiembre, mientras que las principales actuaciones públicas del Ejecutivo y de la Cancillería sobre el caso fueron anunciadas el 25 de septiembre.
