La iniciativa, sometida por el Poder Ejecutivo, contempla recursos para intervenir puntos críticos de accidentes, mejorar la seguridad en entornos escolares y fortalecer la fiscalización y educación vial mediante un programa ejecutado por el MOPC y el INTRANT.
Santo Domingo.- La Cámara de Diputados conocerá durante su sesión extraordinaria el contrato de préstamo suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta US$200 millones, destinado al financiamiento del Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial.
La iniciativa, remitida al Congreso Nacional por el presidente de la República, Luis Abinader, establece que los recursos serán ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), con el propósito de reducir la siniestralidad y mejorar las condiciones de movilidad en el país.
De acuerdo con la comunicación enviada al Congreso, el programa contempla intervenciones en la infraestructura vial, especialmente en puntos de alta peligrosidad de la red de carreteras, el desarrollo de entornos escolares más seguros y el fortalecimiento de las acciones de fiscalización, educación vial y atención a víctimas de accidentes de tránsito.
El contrato de financiamiento fue suscrito el 29 de abril de 2026 entre el Estado dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y forma parte de la estrategia gubernamental para ejecutar la Política Nacional de Seguridad Vial.
Según las condiciones del préstamo, los intereses estarán sujetos a una tasa variable compuesta por la tasa SOFR, más un margen de fondeo de 0.42 % y un margen del BID de 0.80 %. Asimismo, la República Dominicana dispondrá de un período de gracia de cinco años y medio y amortizará la deuda mediante 36 cuotas semestrales, con vencimiento final en mayo de 2049.
Entre las condiciones para el primer desembolso figura la suscripción de un acuerdo interinstitucional entre el MOPC y el INTRANT, así como la conformación de las unidades ejecutoras responsables de administrar el programa y supervisar su implementación.
Los legisladores deberán debatir y decidir si aprueban o rechazan el contrato de préstamo durante la sesión convocada para este lunes en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.
