La situación más reciente fue reportada en la zona de Villa Jaragua y Barahona. Denunciantes temen represalias
Por Troi Orlando Espejo
SANTO DOMINGO. — En medio de un escenario institucional marcado por intensas exigencias operativas, estrecheces financieras y un evidente hermetismo administrativo, servidores adscritos a la Junta Central Electoral (JCE) en el municipio de Villa Jaragua alzaron su voz para denunciar un prolongado e injustificado retraso en el pago de las compensaciones correspondientes a las jornadas desarrolladas durante los fines de semana.
Los denunciantes, quienes desempeñan funciones como auxiliares en el proceso masivo de cedulación, manifestaron un profundo temor a sufrir desvinculaciones o sanciones disciplinarias en caso de formalizar sus reclamos de manera pública.
La génesis de esta controversia se remonta a la fase inicial de la campaña de cedulación, momento en el cual el órgano de administración electoral dispuso una extensión del horario de atención ciudadana de lunes a viernes, prolongando la jornada habitual hasta las 7:00 de la noche. Para tales fines, a los colaboradores con un salario base de RD$19,900 se les asignó una retribución adicional de RD$9,900. No obstante, al añadirse la obligatoriedad de prestar servicios los sábados en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y los domingos de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, las autoridades comunicaron que dicha retribución fija absorbería las horas laboradas durante los fines de semana, desdiciendo el compromiso verbal de otorgar un pago diferenciado por labor dominical.
La situación experimentó una nueva alteración tras la suspensión de la tanda extendida nocturna de lunes a viernes y la posterior supresión del servicio de madrugada en diversas oficinas del país. A partir de esa reestructuración, se estableció que las labores realizadas durante los fines de semana serían retribuidas mediante un desembolso estimado de RD$750 por jornada.
Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recabados bajo estricta reserva de identidad, los auxiliares solo percibieron dos cuotas parciales durante el mes de julio, quedando completamente congelados los pagos correspondientes a las semanas subsiguientes.
Este episodio en la provincia Bahoruco se enmarca en un contexto más amplio de malestar laboral y fricciones internas que han sacudido al órgano comicial. Previamente, colectivos de trabajadores han manifestado fricciones ante la falta de apertura institucional y el manejo de reivindicaciones de personal, tensiones que se han visto agravadas por la presión logística de la renovación masiva de la cédula de identidad y electoral, la cual ha exigido turnos extremos y un desgaste considerable del personal técnico en todo el territorio nacional.
Asimismo, informes recientes han revelado que la institución enfrenta fuertes presiones con suplidores y limitaciones presupuestarias para la operatividad general del proceso.
Ante la gravedad de estas denuncias sobre retención de pagos a empleados operativos y el temor generalizado a represalias, llama poderosamente la atención que, hasta el momento, ningún funcionario de la alta gerencia del órgano comicial, incluyendo al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, ni los demás miembros del Pleno, ha emitido ningún tipo de pronunciamiento público o aclaración oficial para responder a los reclamos del personal de Villa Jaragua.
Frente a la acumulación de meses de pasivos laborales y la incertidumbre contractual, los auxiliares de cedulación apelaron a la sensibilidad de la dirección institucional, exigiendo la pronta regularización de las partidas adeudadas y el respeto irrestricto de sus derechos adquiridos, bajo la premisa de que el cumplimiento de los deberes patrios y de cedulación debe marchar de la mano con la dignidad humana y el debido proceso administrativo.
