En una nueva entrega de «Más allá del titular», la periodista Jessanin Frías examina los antecedentes del aumento salarial de los legisladores y plantea interrogantes sobre la verificación de las informaciones presentadas en el reportaje «Sueldos de lujo», de Alicia Ortega.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – ¿Quién aprobó el aumento salarial de los diputados dominicanos? ¿Cuándo se tomó esa decisión? ¿Qué documentos permiten reconstruir su historia?
Estas fueron algunas de las interrogantes abordadas por la periodista Jessanin Frías, directora de Hispaniola News, durante una nueva entrega de su segmento Más allá del titular, en la que analizó el reportaje «Sueldos de lujo», presentado por Alicia Ortega y su equipo de El Informe.
Frías reconoció la trayectoria de Ortega y sus aportes al periodismo de investigación, pero consideró necesario examinar determinados aspectos del reportaje a partir de documentos oficiales y antecedentes judiciales que, a su juicio, aportan contexto relevante.
Una historia que comenzó antes de 2020
La periodista explicó que los antecedentes de la controversia salarial se remontan a 2016, cuando el entonces diputado Pedro Botello inició un proceso judicial relacionado con la aplicación de la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.
El caso llegó al Tribunal Superior Administrativo y posteriormente al Tribunal Constitucional.
Frías presentó además la disposición administrativa firmada el 20 de junio de 2020 por Radhamés Camacho, entonces presidente de la Cámara de Diputados, mediante la cual se estableció una escala salarial que fijó en RD$320,000 el sueldo base de los legisladores, con aplicación a partir del 17 de agosto de ese año.
Durante su análisis, explicó la importancia del artículo 140 de la Constitución dominicana, relativo a la entrada en vigor de los incrementos de remuneraciones de determinados funcionarios públicos.
También examinó la sentencia TC/0210/20, publicada en agosto de 2020, que ordenó a la Cámara de Diputados revisar y actualizar, si procedía, su régimen salarial.
La comunicadora destacó que la disposición administrativa había sido firmada antes de la publicación de esa sentencia, por lo que consideró indispensable respetar la cronología de los acontecimientos.
¿Los registros de asistencia demuestran cuánto cobró un diputado?
Otro de los puntos examinados fue la utilización de los registros del Sistema de Información Legislativa (SIL) para calcular posibles ingresos adicionales de los legisladores.
Frías sostuvo que una asistencia registrada no demuestra necesariamente que se haya realizado un pago por esa participación.
«Que un diputado aparezca registrado en 14 reuniones de comisiones no demuestra por sí solo que haya recibido 14 pagos. Una cosa es la asistencia registrada. Otra cosa es la nómina y el desembolso de los pagos», expresó.
En ese sentido, planteó la necesidad de contrastar los registros legislativos con las disposiciones administrativas y los documentos que acrediten los desembolsos efectuados.
El debate sobre los beneficios legislativos
La directora de Hispaniola News también abordó las declaraciones del exdiputado José Horacio Rodríguez, quien cuestionó los pagos adicionales por asistir a sesiones y comisiones.
Frías reconoció que existe un debate legítimo sobre si estas actividades deben estar comprendidas dentro del salario ordinario de los congresistas.
Sin embargo, consideró que las comparaciones con otros parlamentos deben explicar las diferencias entre los sistemas de remuneración, las asignaciones por asistencia y los mecanismos de descuentos por inasistencia.
Asimismo, planteó interrogantes sobre las actuaciones de antiguos legisladores que actualmente cuestionan determinados beneficios, señalando la importancia de examinar si durante sus períodos promovieron iniciativas para modificarlos o eliminarlos.
El periodismo también debe someterse al escrutinio
Más allá del debate salarial, Frías reflexionó sobre la responsabilidad de los medios al presentar investigaciones que pueden influir en la percepción pública de personas e instituciones.
«No es lo mismo denunciar una irregularidad demostrada mediante documentos que presentar una interpretación incompleta como si fuera un hecho definitivamente comprobado», manifestó.
La periodista aclaró que su análisis no busca descalificar el trabajo de Alicia Ortega ni justificar las remuneraciones de los legisladores, sino promover una discusión basada en documentos verificables.
También sostuvo que las posibles discrepancias documentales deben examinarse y, cuando corresponda, rectificarse públicamente.
«Quienes investigamos y exigimos explicaciones a los demás también debemos estar dispuestos a responder preguntas, mostrar nuestras fuentes y corregir nuestras conclusiones», afirmó.
Frías concluyó que el periodismo de investigación debe contribuir a que la ciudadanía conozca no solamente las cifras que generan debate, sino también sus antecedentes y las evidencias que permiten interpretarlas correctamente.
«Para comprender una noticia necesitamos conocer todos sus antecedentes, comprobar los documentos y escuchar todas las explicaciones relevantes», expresó.
La entrega completa de Más allá del titular está disponible en el canal de YouTube de Hispaniola News.
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